Morir como un perro en España

Pedro Millana, de 47 años, ha muerto en una calle de Teruel tras ser desahuciado de su casa el pasado año.

Jesús Sepúlveda, de 57 años, ha sido indemnizado por el PP por despido improcedente con 229.000 euros.

Una mujer en paro, con dos hijos pequeños,  ha sido condenada el jueves de una semana por robar, el lunes de esa misma semana, en un supermercado de Vilafranca del Penedès por un importe de 241, 40 euros.

Carlos Fabra, ex presidente de la Diputación de Castellón, ha sido imputado por los delitos de prevaricación, cohecho y fraude fiscal tras nueve años de instrucción sumarial.

Más de 100.000 familias han sido desahuciadas de sus casas durante 2012 y 600.000 trabajadores han sido despedidos acogiéndose, los empresarios, a la Reforma Laboral.

El vicesecretario de Estudios y Programas del PP, Esteban González Pons, ha interpuesto una denuncia en la comisaría del Congreso después de que este miércoles varios miembros de la Plataforma de Afectados por las Hipotecas (PAH) acudieran a su domicilio en Valencia para entregar cartas explicando su situación.

Es sólo una muestra, casi escogida al azar, de la realidad social y política de nuestro país.  Una minoría de “bendecidos” acapara recursos y privilegios. Otra parte, gran mayoría, es objeto de desahucios, despidos, recortes, violencia policial y denuncias.

Unos, mueren como perros en la rancia calle del abandono, otros “concilian” con su preeminente patrono una indemnización millonaria que unir a los muchos millones afanados en una actividad por la que está imputado judicialmente.

Unos, son condenados, a los tres días. Alguien, que se enriquece a ojos vista, que “le toca” la lotería siete veces en cinco años, demora, a trance seguro de prescripción,  unos delitos con los que burla a todos, a la Justicia, al Derecho, y a la Razón.

Contra unos se ejerce la violencia insuperable de una ley medieval que arrasa su derecho constitucional a la vivienda y otros se quejan y querellan por que se hayan pegado cuatro carteles en la puerta de su casa y se haya asustado a sus hijos.

Para los hijos de unos lo que había no era ningún susto, sino la ausencia física de sus casas y sus pertenencias, para otros un sueño de violencia asimilada por unos minutos.

Para unos hay despidos fulminantes con una indemnización promedia en 2012 de 1.400 euros y para otros, una conciliación previa que, disparando con la pólvora ajena del dinero público, “concilia” sin acceder al trámite judicial por todos los ceros que haga falta.

Toda la mitología ideológica se derrumba por la base.  Vivimos, o mejor morimos, sobre una entelequia. Los ricos, de dinero o de poder, tienen patente de corso para todo: robar, tocarle la lotería, burlar a la Justicia o hacer que prescriban sus delitos por bostezo de los jueces.

Otros solo tienen el derecho de morirse en la calle. Como perros.